06/10/2026
🚨🚨El Consejo de Estado admitió la acción judicial presentada por Hernán Penagos, quien busca que el expresidente rectifique sus declaraciones sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2026.
Bogotá. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, acudió a la justicia para solicitar la protección de sus derechos al buen nombre y a la honra, luego de los señalamientos realizados por el expresidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral colombiano.
La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado y cuestiona varias publicaciones realizadas por Petro en la red social X, entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, así como declaraciones públicas en las que puso en duda la transparencia de la Registraduría y planteó la existencia de un presunto fraude electoral.
Entre los aspectos señalados por el exmandatario están el censo electoral, los puestos y mesas de votación, los formularios E-14 y los sistemas tecnológicos utilizados durante las elecciones.
Penagos sostiene que estas afirmaciones afectan su reputación y la imagen de la entidad que representa. Por ello, solicita la protección de sus derechos fundamentales y una rectificación en condiciones de equidad.
petro deberá responder ante la justicia
Tras admitir la tutela, el Consejo de Estado le concedió a Petro un término de tres días, contados desde la notificación, para ejercer su defensa y presentar un informe sobre los hechos cuestionados.
En el proceso también fueron vinculadas varias entidades, entre ellas la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
El caso abre una discusión jurídica sobre los límites de la libertad de expresión, el deber de informar y la protección del buen nombre, especialmente cuando se trata de declaraciones realizadas por quien ejercía la Presidencia de la República.
Es importante precisar que la admisión de la tutela no significa que el Consejo de Estado haya declarado probado un fraude electoral ni que haya ordenado una rectificación. La controversia deberá resolverse durante el trámite judicial.
