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SEDATU PROMETIÓ SUBSIDIO PARA VIVIENDA, PERO HACE NEGOCIO

Laura Castillo García

Desde hace 20 años, el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, inició un proceso de desarrollo que lo ha llevado a ser uno de los que tiene mejor infraestructura del oriente mexiquense. Y no me refiero solo a la infraestructura instalada durante estos años para que todos sus habitantes gocen de servicios básicos como agua potable, drenaje, luz eléctrica y alumbrado público; también cuenta con una amplia infraestructura de salud, cultural y deportiva que está a la disposición de todos los chimalhuacanos.
​Antes del año 2000, Chimalhuacán fue calificado como el municipio urbano más pobre y marginado por autoridades estatales; ahora es el más desarrollado de la zona oriente del Estado de México gracias a que desde el año 2000 está en manos de militantes del Movimiento Antorchista Nacional que lo único que buscan es que los mexicanos más humildes accedan a mejores condiciones de vida. Por su trabajo constante, ahora los chimalhuacanos gozan de 29 centros de salud de diferentes especialidades, guarderías y casas de día para adultos mayores; de 131 instalaciones deportivas, incluidas una alberca semiolímpica y una olímpica; dos casas de la cultura y dos teatros. Y, en el terreno educativo, donde había muy pocas escuelas porque los maestros no querían dar clases en medio del lodo, polvo y suciedad, ahora tienen 701 escuelas de diferentes niveles, entre las que se encuentra la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México.
​Sin embargo, sus habitantes no tienen oportunidad de tener una vivienda digna porque la mayoría de la población no tiene empleo formal y menos ingresos superiores a los 15 mil pesos como para acceder a créditos para la construcción o adquisición de viviendas construidas. Por eso, 30 mil familias siguen habitando viviendas construidas con materiales de deshecho y reducidas para el número de miembros de las familias, que en promedio es de 8, lo que genera hacinamiento, falta de privacidad, violencia intrafamiliar y hasta enfermedades mentales, pues la ansiedad y la depresión se desarrollan con mayor facilidad por las precarias condiciones en las que viven.
​La situación de vivienda en el municipio en Chimalhuacán, pues, es tan grave, que el pasado mes de febrero, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, informó al presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, que Chimalhuacán sería parte de las 100 ciudades que integrarían el programa de mejoramiento de barrios y viviendas; que la Sedatu aplicaría 36 millones de pesos en vivienda y que el subsidio federal sería al 100 por ciento. Pocos días después, el municipio le entregó una lista de 440 familias que serían las beneficiadas. A pregunta expresa, el secretario de la Sedatu aseguró que, en esta ocasión, ni el gobierno municipal ni la gente tendrían que aportar ni solo un centavo porque todo lo absorbería la federación, a fin de “cubrir las necesidades de la población prioritaria”.
Muy bello para ser verdad ¿no creen? En efecto, finalmente salió el peine: a pocos meses del anuncio, la Sedatu y Román Meyer pretenden hacer llegar ese “subsidio” a través de empresas privadas denominadas “entidades ejecutoras”, que en realidad son constructoras o financieras privadas, que lucran con el programa de vivienda, pues lo que realmente pretenden es hacer negocio: pretenden que dichos “apoyos” se conviertan en créditos que los beneficiarios paguen a largo plazo y con altos intereses, los cuales, como quedó asentado líneas arriba, no pueden adquirir los chimalhuacanos.
Dichas “entidades ejecutoras” plantean las cosas de la siguiente manera: el corporativo JOZUMA, apoyado por la Sedatu, ofrece el subsidio federal de $93,440 pesos, pero el beneficiario debe aportar $23,000 pesos para el pago del crédito, los intereses y gastos de operación, entre otros. Además, deben pagar la mano de obra por 47 mil pesos. En total, el beneficiario pagaría 70 mil pesos por un pie de casa cuyo costo asciende a 162 mil pesos, cuando en el sexenio federal pasado, solo pagó 16 mil pesos.
Aún más. Una persona que dijo pertenecer a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) realizó visitas selectivas a algunos de los beneficiarios y les ofreció el programa, pero a cambio de que le entregaran 500 pesos en efectivo, abrieran una cuenta bancaria con tres mil pesos y ¡que se afiliaran a Morena!
Como se comprenderá, ni el alcalde de Chimalhuacán ni los “beneficiarios” están dispuestos a que se haga negocio con ellos y, por tanto, no están dispuestos a pagar el 43 por ciento de una vivienda que se les ofreció como gratuita, simple y sencillamente porque no cuentan con ese dinero.
Los chimalhuacanos, quienes durante 20 años han luchado para hacer de su municipio un lugar de progreso, a pesar de la pandemia nuevamente se levantan para exigir que el gobierno federal cumpla su promesa y apoye con vivienda subsidiada a 440 familias de las más necesitadas del municipio pues solo así podrán acceder a una mejor calidad de vida. Por eso, continuarán sus manifestaciones frente a la Sedatu y al Palacio Nacional.

PRESUPUESTO 2021, DESCUIDO AL SECTOR AGRICOLA Y EL MEDIO AMBIENTE

Abel Pérez Zamorano

La asignación de recursos al presupuesto del agro sigue cayendo. En 2019, la Secretaría de Agricultura tuvo el más bajo en once años; en los últimos dos, la asignación ha caído en 40.2 por ciento, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) para 2021 contempla un aumento de 3.47%, que será nulificado por la inflación; situación similar guardan las cosas en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Y eso no es todo. El PPEF no se aprecia muy sólido, pues asume supuestos irreales, lo que augura futuros recortes. Para este año prevé una caída de 8% en el PIB (instituciones especializadas proyectan 10%; el FMI, 10.5), y para el próximo, una recuperación de 4% (el FMI espera 3.3 y la Encuesta Citibanamex, 2.5). Y si cae el PIB caen los ingresos gubernamentales. Asimismo se asume que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, decrecerá 5% este año; según el FMI, 6.6%. Con base en estas cuentas, el presupuesto total incluso aumentaría ligeramente.
Pero además de esta incertidumbre, de entrada, el PPEF ahonda el abandono al campo. Quedan sin recursos y en riesgo de desaparecer, o de plano se suprimen, 17 programas de Fomento a la Inversión y la Productividad, entre ellos: Crédito Ganadero a la Palabra, Fomento Ganadero, Investigación y Desarrollo Tecnológico Pecuario, Fondo de Contingencia para el Sector Avícola y Porcícola, Programa de Apoyos a la Comercialización; Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y Apoyo a la Comercialización. En situación de alto riesgo quedan FIRA, Agroasemex y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) pierde una quinta parte de sus recursos, con el consecuente riesgo a la salud de los mexicanos y pérdida de competitividad en las exportaciones. “En 2021 no habrá programas que estimulen la productividad, se acaban los apoyos que había a través de financieras y seguros para que los productores tuvieran tasas de financiamiento más competitivas” (Juan Carlos Anaya, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas). Según datos proporcionados por el diputado Ismael Hernández Deras, de cada cien pesos destinados a Sader, 75 centavos irán a impulsar la productividad. Las transferencias directas de dinero, electorales, consumen 35.1% del Programa Especial Concurrente (recursos totales otorgados al sector por diferentes dependencias).
Respecto al medio ambiente, las cosas no están mejor. Como porcentaje del PIB, el presupuesto de la Semarnat ha caído de 0.38 en 2014 a 0.11 este año. Ahora se plantea un minúsculo aumento de 0.9%. En contraparte, “Sembrando Vida”, que no se define esencialmente como programa de reforestación, recibirá casi diez veces más recursos que la Comisión Nacional Forestal, que apoya la silvicultura, atiende la deforestación y combate incendios forestales: pierde 8.6% de su presupuesto. Continuarán la pérdida de bosques, la erosión y el azolve de lagos y lagunas. A la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp (cuida el patrimonio natural y la biodiversidad en 182 áreas naturales), se le deja igual presupuesto, reducido de facto por la inflación; se recorta 6.4 por ciento el de la Procuraduría Federal para Protección al Ambiente, y 5.7% al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Ciertamente, por la pandemia hay menos recursos disponibles, pero esa no es la causa profunda del abandono al desarrollo productivo agrícola: es la estrategia, errada, de este gobierno desde su primer presupuesto. Los proyectos supermillonarios del presidente, dotados, esos sí, con más recursos, son su verdadera prioridad: en conjunto, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas se llevan 102 mil 653 millones. Los programas de transferencia directa (léase reparto electoral): Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente y Becas Benito Juárez, reciben 265 mil 383 millones. Pero hay más: cuantiosos recursos van a nómina.
En artículo en El Financiero, 15 de septiembre, Alejo Sánchez Cano, citando fuentes de la Cámara de Diputados, dice: “... el engaño que prevalece en torno a la austeridad y el recorte de plazas en el gobierno federal, ya que el rubro de servicios personales (sueldos) que pagará el sector público, ascenderá a 1.37 billones de pesos, cifra que representa un incremento de 55 mil millones de pesos respecto a lo aprobado para 2020. Esta cifra tiene el nivel más alto de este rubro de gasto en la historia del país [cursivas mías, APZ], y significa 30 por ciento del gasto programable total...”. Ejemplifica: “En 2020 la Oficina de la Presidencia registró un total de mil 280 plazas y su gasto en servicios personales fue de 433.8 millones de pesos, por lo que el costo promedio de cada plaza en la Presidencia fue de 338 mil 900 pesos anuales. Sin embargo, para 2021 se tienen registradas mil 87 plazas y [...] el costo promedio anual de cada plaza será de 449 mil 402 pesos anuales; es decir un incremento de 32 por ciento en el costo promedio anual, a pesar de la disminución en el número de plazas...”. Y así, en diferentes secretarías. Austeridad, sí, pero en hospitales, escuelas, estados y municipios, y en el campo, mas no en las altas esferas gubernamentales.
En conclusión el distorsionado proyecto presupuestal 2021 se focaliza en el reparto electoral de dinero y no promueve productividad, producción ni desarrollo en el campo; una estrategia insostenible en el largo plazo e ineficaz, pues ningún pueblo en el mundo ha superado así la pobreza; al contrario, al no generarse recursos adicionales para repartir, aumentará la pobreza de los campesinos y otros sectores. Asimismo, habrá de incrementarse la importación de alimentos y será mayor la pérdida de soberanía alimentaria. Aumentará la quiebra de productores agrícolas y ganaderos, se reducirá el ingreso agrícola de los campesinos, y esto redundará en mayor emigración rural-urbana, con todas sus consecuencias. Es previsible un incremento del desempleo formal y del número de ocupados en la informalidad, y, como secuela, un aumento en la delincuencia y en los costos de transacción a ella asociados. El presidente dice que debe atacarse la raíz social del crimen, pero su política presupuestal desmiente el discurso. Las verdaderas prioridades se reflejan en el presupuesto, y es claro que el sector agrícola y la protección del medio ambiente y los recursos naturales no lo son para el gobierno actual.

Texcoco, México, a 15 de septiembre de 2020

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LA ARBITRARIEDAD Y LA REPRESIÓN AVANZAN PELIGROSAMENTE

Por: Aquiles Córdova Morán

La historia, dice Marx, es la ciencia por excelencia, la única verdadera ciencia. Cervantes había escrito, más de dos siglos antes, que la historia es la maestra de la humanidad. Pero Marx veía en ella algo más hondo y esencial que la pura función pedagógica que le reconocía Cervantes. Según él, la historia es el desarrollo en el tiempo de todos los fenómenos de la realidad material (incluidos la sociedad y el pensamiento); por tanto, todo lo que existe, sin excepción, tiene una historia, y el conocimiento preciso, científico, de cualquier objeto real es imposible sin el conocimiento de su historia, sin remontarse a sus orígenes y, a partir de allí, seguir paso a paso su desarrollo hasta su configuración actual. Es lo que se conoce como conocimiento concreto de las cosas.

Hoy, en México, están teniendo lugar sucesos inusitados, inéditos, que están afectando negativamente la vida, la seguridad y la tranquilidad de toda la sociedad. Estos cambios se originan en la voluntad y la decisión de un solo hombre, el Presidente de la república, a cuyas órdenes y deseos se hallan sometidos el aparato completo de la administración pública, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial Federal, lo que significa la supresión factual de la división de poderes propia de toda democracia.

Juristas, columnistas, articulistas y politólogos de los más reconocidos están de acuerdo en que México y los mexicanos nos encaminamos hacia una dictadura. ¿Es realmente así? ¿A qué clase de dictadura nos precipitamos sin darnos cuenta? Para responder a estas preguntas, me parece oportuno echar mano de la tesis marxista sobre el conocimiento concreto. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que la dictadura no surge nunca de la nada, ni tampoco es fruto del capricho personal de un individuo; que todas brotaron de circunstancias materiales, económicas y espirituales que las hicieron necesarias y posibles y que representaron siempre los intereses de determinados grupos sociales dominantes, en abierta oposición de las clases trabajadoras de la ciudad y el campo.

Veremos que “dictadura” no es sinónimo de retroceso, de oscurantismo científico y cultural, de odio a la libertad personal y política; en suma, oposición a rajatabla al progreso y bienestar de la población. En efecto, hubo dictaduras por decisión popular, como la de Cincinato que salvó a Roma de la invasión extranjera; otras como las de los tiranos griegos que promovieron eficazmente el comercio, la industria y las libertades ciudadanas en las colonias del Asia Menor. Gracias al tirano Pisístrato, hoy disponemos de una versión depurada y confiable de la Ilíada de Homero. En sentido contrario, tenemos los ejemplos de corrupción, de decadencia moral, de despotismo y abuso de poder de algunos de los doce césares biografiados por Suetonio. Sin embargo, tras más de dos siglos de ensayos, no siempre exitosos, la humanidad se inclina hoy a vivir en un sistema democrático (con todas las variantes que sabemos) por considerarlo el mejor o el menos malo de los regímenes políticos conocidos.

Dos rasgos esenciales definen a la democracia: la aceptación del principio de que el poder reside originalmente en el pueblo y que es éste quien lo delega en los gobernantes para que lo ejerzan en su nombre y para su beneficio. Este primer principio implica necesariamente el derecho irrestricto del propio pueblo a elegir libremente a quienes considere dignos de ejercer el poder en su nombre. El segundo principio es que, tanto los gobernantes como los ciudadanos, deben regir su vida y su conducta de acuerdo con códigos y leyes previamente elaborados, discutidos y aceptados por todos los ciudadanos en capacidad de decidir. Cuando una de estas dos condiciones (o las dos) falta, o es violentada y transgredida por el gobierno, puede hablarse propiamente de dictadura.

Hoy no hay duda de que se está violentando la ley por parte del gobierno; de que está pasando por encima de ella; de que está creando nuevas leyes y reglamentos claramente violatorios de la Constitución y opuestos a los conceptos elementales del Derecho; que está haciendo una aplicación parcial y selectiva de sus preceptos para perjudicar a los enemigos y favorecer a los amigos de la 4ªT; que, a pretexto de “combatir la corrupción”, algo que la gente exige y aplaude indudablemente, está usando dolosamente la ley para perseguir y encarcelar a los opositores mientras protege descaradamente, echando mano de los peores sofismas, a los corruptos al servicio del régimen; que la UIF de Santiago Nieto está convertida en un temible Tribunal del Santo Oficio que embarga cuentas y fabrica denuncias al por mayor contra cualquiera que disienta de la 4ªT y, a renglón seguido, promueve el linchamiento mediático de la víctima. El colmo de la arbitrariedad y de la manipulación dolosa de la ley es el intento de someter al voto popular el enjuiciamiento de los ex presidentes de la república, previamente juzgados y condenados desde el púlpito de las mañaneras.

Por otra parte, el erario de la nación se está usando para organizar y controlar el voto de los sectores más necesitados; se está gastando dinero a porrillo en “programas sociales” como “jóvenes construyendo el futuro”, “becas Benito Juárez” y “sembrando vida”, acciones que, según INEGI y especialistas independientes, carecen de objetivos claros y de una normatividad precisa para su aplicación. Dinero a manos llenas en dádivas como tinacos, calentadores, despensas, cemento y fertilizante que reparten solo los candidatos y los promotores de Morena, una clara maniobra para comprar votos. El mismísimo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) está, como señalan los especialistas, cargado a las obras faraónicas y los programas clientelares del presidente, mientras dejan sin recursos a la salud, la vivienda popular y los servicios básicos. Mención especial merece el despojo a estados y municipios que, gracias a eso, no podrán hacer nada para paliar la pobreza y las carencias de sus gobernados. Y junto con todo esto, se ataca y debilita a las instituciones electorales, ya de por sí desprestigiadas por sus anteriores errores y complicidades.

En resumen: lo que todos vemos y vivimos es un intento por echar abajo el andamiaje legal que ordena y rige la vida democrática del país, por un lado; y por otro, el de forzar, distorsionar, manipular y corromper el derecho del pueblo a elegir libremente a sus servidores públicos. Estamos ante un ataque frontal al modelo democrático construido con la sangre del pueblo mexicano, sin su participación y sin su anuencia. Estamos pues, ante un amago de dictadura.

Se ataca y persigue la libertad de prensa y de opinión. Varios periodistas reconocidos, como Pablo Hiriart, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo (Brozo), han perdido sus empleos (y alguno ha optado por el exilio), por la hostilización permanente y las amenazas de los “chairos”. En la semana recién pasada, sin embargo, ocurrió un hecho de la mayor gravedad. El director del Fondo de Cultura Económica, un reconocido escritor por cierto, salió a defender las medidas represivas contra dos conocidos intelectuales mexicanos, los historiadores, editores y politólogos Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Al final de su mordaz discurso les “sugirió” que se busquen otro país a la mayor brevedad posible. Esto rebasa cualquier límite que le queramos poner a la discrepancia ideológica, natural en esos ámbitos. Estamos frente a un acto de intolerancia que tiene historia y nombre, la quema de libros organizada por Goebbels como señal de arranque para la persecución, expulsión y quema de los judíos alemanes en los hornos crematorios de Hi**er. ¿Otra vez el grito de Millán Astray contra Unamuno: ¡Muera la inteligencia!?

Pero la dictadura avanza y ensaya nuevos caminos. El 9 de septiembre, por órdenes del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, personal de la Fiscalía del estado respaldado por un destacamento de policía bien armado, allanó la casa de la cultura en la colonia Balcones del Sur, el área de mayor pobreza y marginación en la capital. Ante el reclamo de los vecinos afectados, los empleados de la Fiscalía dijeron que “tenían órdenes” de montar una oficina de la propia Fiscalía en ese recinto. Al día siguiente, 10 de septiembre, un vehículo del Ejército con 40 elementos a bordo allanó la unidad deportiva en la misma colonia con el pretexto de que “buscamos a un menor”. La gente volvió a encararlos. Los militares se retiraron pero se apostaron en los alrededores en plan amenazante. Barbosa, pues, está buscando enfrentar al pueblo uniformado y armado con el pueblo oprimido y marginado; está tratando de provocar una masacre. Desde ahora y desde aquí hago responsable al gobernador Barbosa si semejante crimen llegase a materializarse.

Y no es exceso de imaginación. El gobierno federal tomó con la fuerza armada la presa de La Boquilla, en Chihuahua. Los agricultores afectados y sus familias salieron a defender el agua, que es suya y significa la vida en esa desértica región, y vino, si no el choque frontal, sí una peligrosa fricción entre el pueblo y la fuerza armada. El saldo es una pareja baleada por la espalda, la esposa murió y el marido está grave. Y lo increíble en un gobierno racional es que la UIF de Santiago Nieto ya salió a congelar las cuentas (personales y del municipio) del presidente municipal de Delicias, del ex gobernador José Reyes Baeza y de varias personas e instituciones más, con las trilladas acusaciones que los antorchistas conocemos bien: “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Vea usted la credibilidad que merecen las acusaciones de la UIF.

Vamos hacia una dictadura y no es la dictadura de Cincinato ni la dictadura del proletariado, porque aquí los trabajadores y el pueblo organizado no se ven por ninguna parte; y si acaso se les toma en cuenta, es para acusarlos de huachicoleros y lavadores de dinero para poder reprimirlos y encarcelarlos. Es la dictadura de una clase media (media y baja) llena de rencores, revanchismo y ambición de dinero y de poder, representada por un gobernante autoritario dispuesto a cumplir puntualmente los deseos e intereses de sus representados. Ante una dictadura impuesta por el engaño, la manipulación y la violencia, el pueblo tiene pleno derecho a protestar y exigir que le devuelvan sus derechos legales y democráticos para elegir libremente el tipo de gobierno que desea.

Brasil Acosta Peña

es la forma en la que podemos calificar la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que presenta el gobierno federal. Por un lado, la Ley de Ingresos tiene un carácter persecutor o inquisidor, ante la imposibilidad de plantear una política fiscal progresista, es decir, que paguen más los que tengan más y no como sucede ahora, que las clases trabajadoras, medias y bajas, pagan impuestos directos e indirectos, mientras los grandes corporativos siguen usando la ley para evadir o eludir impuestos. Para que tengan una idea, el portal terra.com.mx destaca lo siguiente: “Según plantea el Nuevo Anteproyecto del Paquete Económico 2021 se podría incorporar como instrumentos para recabar información del contribuyente, el video, grabadoras, cámara fotográfica y celular”. Se trata, al final de cuentas, de un “Big Brother” inquisitivo, de medidas desesperadas ante la baja en la recaudación por parte de este gobierno.

Por lo que se refiere a la llamada política de gasto o también conocida como política fiscal, que es el instrumento que tiene el gobierno, mediante lo que se conoce en Macroeconomía como gastos de gobierno, la situación es delicada y, como proyecto de nación, hasta peligroso en términos económicos por las implicaciones que tendrá en relación con los salarios y los precios de los productos, sobre todo, de la canasta básica.

Las variables macroeconómicas que plantea el paquete económico son sumamente optimistas, como en todas las mañaneras; sin embargo, ese optimismo gubernamental se ha estrellado de manera constante con la realidad y este será el caso también. Estiman una caída del PIB del 8%; sin embargo, diferentes estimaciones dan como resultado una caída entre el 9 y 10%. Asimismo, plantean un crecimiento del 4.6% lo cual no es creíble, pues se estima un crecimiento del 3 al 3.5%, pero eso no es todo, porque es una cifra engañosa, ya que si caes 10% y creces 3%, entonces, decrecerás 7% y a ese ritmo necesitas dos años más para alcanzar el nivel que teníamos antes de López Obrador. Asimismo, se espera una producción petrolera de 1,857 millones de barriles diarios, lo cual no se ve fácil de alcanzar y así lo señalan los expertos, lo cual se prueba con los proyectos de años anteriores que no han sido alcanzados, pese a las grandes sumas de dinero echadas al barril sin fondo de Pemex. Morena NO sabe gobernar.

Con este optimismo desenfrenado, están generando ingresos virtuales que programarán en el gasto, pero que no existirán por un monto aproximado de 144 mil millones de pesos que le programarán a los estados y municipios, pero que NO van a recibir; pero, no solo eso, van a disminuir las participaciones para las entidades federativas en un 6.4% en términos reales, que se traducirá en menos recursos para obras en las comunidades y menos apoyos para salud y menos recursos para programas sociales estatales y municipales.

Todo indica que será necesario un endeudamiento adicional por 700 mil millones de pesos, de tal suerte que la deuda pública alcanzará 52.4% del PIB, 6.6 puntos porcentuales por encima del 2020, aunque algunos analistas señalan que podría llegar a representar hasta el 70%.

El gobierno federal propone un gasto neto total de 6.26 billones de pesos, 0.3% menos que el año pasado. Este proyecto de egresos reduce significativamente la inversión en carreteras, que podrían detonar la inversión pública en este país. Así, se invertirán 2021, un monto de 2,788 millones de pesos que representa una reducción del 50% con respecto del año 2020 y del 80% respecto al 2018 de Peña Nieto. Asimismo, en el programa de reconstrucción y conservación de carreteras se reducirá en un 22% en términos reales respecto a 2020. Asimismo, hacen una trampa mediática: dicen que apoyarán al turismo y que su presupuesto se incrementará en un 600%; sin embargo, eso es falso, pues una buena parte de los recursos destinados al turismo se destinarán al Tren Maya; pues bien, quitando esos recursos destinados a este tren, vemos que la administración reduce en casi 3 mil millones de pesos al sector turístico, 55% menos en relación con lo que se le asignó en 2020. No se considera ningún programa de apoyo a la vivienda.

Es importante tener en cuenta el carácter electorero del presupuesto planteado, pues el 36.4% del gasto de los ramos administrativos, se destinarán a los programas del presidente: 135 mil millones de pesos para las Personas Adultas Mayores. “La pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores consiste en un apoyo económico de 2,550 pesos cada dos meses”, es decir, cada adulto mayor recibirá al año 15,300 pesos, por tanto, tendrá 8.8 millones de adultos mayores que, como en la Ciudad de México, esperan que se conviertan en votos y que influyan en los hijos para que voten por Morena. Asimismo, en becas para el nivel básico y superior, se destinan 65 mil millones de pesos, darán un apoyo de 800 pesos mensuales por 10 meses, equivalente a 8000 pesos, por tanto, alcanza para 8 millones 125 mil alumnos, que están en prepa y que tendrán 18 años entre el 2021 y el 2024, es decir, se trata de apoyos con objetivo electoral. El programa “estrella”, más bien “estrellado”, pues se trata de un gran fracaso que está plagado de corrupción, recibirá 20 mil millones de pesos para los llamados “ninis”, el cual, por cierto, se disminuye en un 50% respecto a 2019, dará apoyos por 3,748 pesos por mes por un año, es decir, 44,976 pesos al año, por lo que el monto asignado sirve para llegar a 444 mil 681 jóvenes. Más votos o promotores del voto de Morena, no nos hagamos, usando los recursos públicos “sin intermediarios” distintos a Morena, pero Morena es aquí el gran intermediario. Sembrando vida recibirá 29 mil millones de pesos, de a 5 mil pesos mensuales, es decir, 60 mil pesos al año, lo cual beneficiará a 483 mil 333 personas (votos). Finalmente, 15 mil millones de pesos para personas con discapacidad, el apoyo anual es de 15,300, por tanto, la derrama alcanzará para 980 mil 392 personas o familias. En total, las personas beneficiadas suman 18 millones 883 mil 406, cerca de 20 millones de personas o familias, que están considerando el “voto duro” de Morena para la elección de 2021.

Finalmente, en el PEF 2021 Morena destinará el 77.5% de los 132.4 mil millones de pesos destinados a inversión a los proyectos inútiles del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía que insisten en hacer sin que haya estudios de viabilidad de este. Necedad electorera, pues “quieren cumplir sus compromisos de campaña”, pero no dicen a qué costo.

La nación debe ver en este presupuesto 2021, no un proyecto de país, sino la dilapidación de recursos de manera discrecional con fines electoreros y debe, también, aprender a distinguir que lo que le van a dar no es un favor, sino recursos suyos recogidos previamente por el gobierno de AMLO vía el cobro de impuestos, así que no deben confundirse. Hagámosle como en la campaña del compañero biólogo Jesús Tolentino en que le decíamos a la gente: “Compañero vecino, no pierdas el tino, agarra lo que te den y vota por Tolentino”. ¡Morena NO debe ganar el Congreso, el pueblo lo debe evitar! No a un .

ELECCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES
Laura Castillo García

El proceso electoral federal 2020-2021 arrancó el pasado 7 de septiembre y, por tanto, el partido Morena inició la formación de 3 mil comités de defensa “para que los lleve rumbo al 2021”. Sin embargo, como se sabe, el fuerte de Morena no son los mentados comités de defensa, que por debajo del agua están patrocinados con dinero de la hacienda pública, sino los programas sociales de los que habla con tanto orgullo el presidente López Obrador, no porque acaben con la pobreza de los beneficiarios sino porque, precisamente por la pobreza que vive la gente, le sirven para la compra de conciencias votos, mismos que además conjuga con el constante discurso distractor y manipulador.
Este proceso que culminará con la elección de 15 gobernadores, la Cámara de Diputados, alcaldías y congresos locales, fue calificado por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, como “el más grande y complejo de nuestra historia”, pues casi 95 millones de mexicanos serán convocados a votar; es decir, la lista nominal nacional contiene cinco millones de personas más que en 2018 y votarán para renovar 21 mil cargos de elección popular de todo el país.
Conscientes del desgaste que ha sufrido la figura de López Obrador por el mal manejo de la pandemia del coronavirus, con más de 70 mil mu***os; el desempleo, la caída de la economía que tiene a México al borde de una catástrofe económica de grandes dimensiones, que ya se empieza a reflejar en el aumento del comercio informal y la mendicidad; la creciente inseguridad y la corrupción que se ha descubierto en varios funcionarios de su equipo de trabajo, tanto López Obrador como Morena, saben que no llegarán a las elecciones del 2021 con el mismo humor social que imperaba en el 2018 y, en consecuencia, necesitan de un impulso externo que los haga triunfar en la jornada electoral del 6 de junio 2021, de ahí la importancia que tienen los programas sociales, con los cuales pretenden inclinar el fiel de la balanza a su favor.
Al presidente López Obrador no le importa realizar inversiones productivas para sacar al país de la crisis, ni le importa dejar a los estados y municipios sin dinero para programas de seguridad pública, obras y servicios que requieren millones de mexicanos, incluidas las de educación, seguridad, salud y servicios básicos. Al mandatario lo que le importa es emplear el poco dinero de la nación -recordemos que la economía ha decrecido desde que él llegó a la presidencia de la república-, en programas sociales de transferencia directa que harán que la gente no vea que su arrogancia y políticas mal planificadas, han generado grandes problemas en el país.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 que la secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Unión, el presidente contempla, en comparación con el año pasado, un aumento de 3.6 por ciento en gasto social. ¿Y qué creen? El programa que resulta con mayor incremento es el de Jóvenes escribiendo el futuro, el cual está destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años que estén inscritos en la Universidad en la modalidad escolarizada, o sea, está destinada a millones de jóvenes que se estrenarán como votantes, los cuales recibirán un apoyo de 4 mil 800 pesos entregados bimestralmente en un periodo de 10 meses. Cómo se ve, seguramente el apoyo a jóvenes alcanzará a impactar las elecciones del 6 de junio de 2021. ¿Será casualidad o es una estrategia a la medida de los intereses del presidente y de Morena? Le atinó, es una estrategia de López Obrador para acarrear votos a su partido. Igual sucede con los otros programas que tuvieron incrementos significativos como: la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad (29.85%), el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras (22.4%) y, por supuesto, la Pensión para adultos mayores en el que se invertirán nueve millones más que el año pasado.
Nadie en su sano juicio se opondría a que el gobierno dé ese tipo de apoyos a grupos vulnerables, pues entre éstos se encuentran los discapacitados y los ancianos; pero no es cierto, como dice el presidente, que el objetivo sea la superación de la pobreza. No, nadie se enriquece con un apoyo semanal de 600 pesos (si es que el beneficio es de 4 mil 800 bimestralmente); como todos sabemos, esa cantidad sirve únicamente para medio comer. Más bien lo que hace el presidente es dispersar en programas sociales 505 mil 262 millones de pesos, en lugar de invertirlos en proyectos productivos que den trabajo a millones de mexicanos, como la economía dominante señala que es el único camino para generar riqueza..
Ciertamente los programas sociales palían la pobreza de la gente, pero no son la solución al problema. Los estadistas verdaderos saben que la solución es generar millones de empleos con salarios dignos para que la gente tenga una más alta calidad de vida, como sucede en otros países. Desgraciadamente, el presidente López Obrador padece de miopía política y económica, lo que hace imposible remediar la situación.
Solo el pueblo mismo puede cambiar las condiciones que actualmente prevalecen y que lo hacen padecer prácticamente todas las calamidades del mundo. Por eso, Antorcha propone la formación de un real frente de oposición, integrado por todos los que han sido agraviados y agredidos por Morena y el presidente López, para que juntos cambiemos el rumbo del país para beneficio de la mayoría.