06/10/2025
Comunicado de Prensa
Para Difusión Inmediata
Frente Amplio de Acción Social alerta sobre amenaza a educación pública y derechos civiles ante la creación de una Oficina de Base de Fe en DE
[San Juan, Puerto Rico – 6 de octubre de 2025.] El Frente Amplio de Acción Social (FAAS), colectivo multisectorial dedicado a la fiscalización de la gestión gubernamental y la defensa de los derechos de las niñeces y juventudes, expresa su profunda preocupación ante la Carta Circular 008-2025-2026 que establece Oficina de Base de Fe en el Departamento de Educación (OBFDE). Esta acción representa una violación abierta al estatuto constitucional que garantiza la separación entre Iglesia y Estado, poniendo en riesgo la equidad, la pluralidad y la salud democrática de nuestro sistema educativo. ¨Defendemos la separación de Iglesia y Estado porque imponer una Oficina de Fe en el sistema de educación pública violenta más a la sociedad, pues propicia una polarización ideológica que no representa la función de nuestras comunidades escolares. El rol del magisterio representa una figura de poder y significativa en nuestro desarrollo como personas¨, afirmó la Dra. Alice Pérez Fernández.
Se contradice el Departamento de Educación al fundamentar la creación de la OBFDE en la Sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, alegando que se ¨prohíbe, puntualmente, el discrimen por razón de raza, color, s**o, nacimiento, origen, condición social o ideales políticos o religiosos disponiendo que tanto las leyes como el sistema de instrucción pública, encarnará estos principios de esencial igualdad humana¨. La educación pública debe ser un espacio laico, inclusivo y respetuoso de la diversidad de creencias. La imposición de agendas religiosas en la política educativa amenaza con desplazar el currículo científico y pluralista, vulnerando el derecho de estudiantes a recibir una formación crítica y libre de adoctrinamiento.
La experiencia internacional y local demuestran que la imposición de dogmas religiosos en la escuela pública limita el desarrollo autónomo del pensamiento y obstaculiza la formación ciudadana necesaria para una democracia robusta. No se menciona en ningún lugar el derecho de los estudiantes a no participar en actividades religiosas, ni se establecen límites claros para evitar la presión social o institucional. Tampoco se presenta un protocolo para que personas no creyentes o de creencias minoritarias puedan objetar prácticas o intervenciones religiosas en sus espacios escolares. La Carta Circular 08-2025-2026 establece que las OBFDE desarrollarán planes de trabajo para proponer “asesoría, orientación, iniciativas y actividades" dentro de nuestras escuelas públicas. ¿Cuáles serán los fundamentos espirituales en los que se articulará la estandarización de una ¨libertad religiosa¨ en un espacio laico?
Permitir las OBFDE sin un proceso de revisión pedagógica y ética laica, puede abrir la puerta a contenido religioso no apropiado ni científico en el currículo escolar o en actividades extracurriculares. Excluye abordajes pedagógicos centrados en miradas interseccionales y pluralistas. Aún más preocupante es la exclusión de los derechos que protegen a personas LGBTTIQ+, ateas, agnósticas, o de religiones no dominantes. Igualmente, no establece mecanismos de monitoreo o rendición de cuentas, ni de denuncias ante violaciones de laicidad.
Desde la psicología, afirmamos que la imposición institucional de creencias religiosas puede generar disonancia cognitiva, ansiedad y conflictos de identidad, especialmente entre estudiantes que provienen de tradiciones diversas o que no comparten la fe promovida. La literatura científica advierte sobre los efectos negativos del adoctrinamiento religioso obligatorio, incluyendo el trauma emocional y la represión del pensamiento crítico, factores que afectan el bienestar y el desarrollo óptimo de niñeces y juventudes.
La imposición de creencias religiosas en la escuela puede causar estrés, ansiedad y presión psicológica en estudiantes que no comparten esas creencias. La literatura advierte que esto afecta la autonomía y la identidad emocional en la adolescencia. Cuando se privilegia una religión, se generan desigualdades en el acceso a educación inclusiva, lo que a largo plazo afecta indicadores de salud. Esto promueve confusión en niñeces y juventudes que practican otras religiosidades y espiritualidades en sus hogares. También propicia presión, sentimientos de exclusión y conflicto interno, ansiedad religiosa, discriminación, estigmatización, acoso escolar y falta de tolerancia a la pluralidad religiosa.
La institucionalización religiosa en escuelas puede discriminar; y esto se puede traducir en peores resultados de salud mental y rendimiento académico. Alarma que en la Carta Circular se considera la ética como sinónimo de religión o creencia religiosa. Los valores universales no responden a ninguna religión. Imponer una religión en las escuelas es un acto de violencia institucional porque restringe el derecho fundamental a la libertad de conciencia, amenaza el carácter laico que debe garantizar un Estado democrático y vulnera la formación integral del estudiantado. Al obligar al estudiantado a recibir educación bajo un credo específico, se les niega la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico y se perpetúan estructuras de desigualdad que históricamente han derivado en discriminación, exclusión y conflictos sociales.
Desde la óptica de los derechos civiles, la Constitución de Puerto Rico establece claramente la separación de iglesia y Estado, y que no se utilizarán fondos públicos para el sostenimiento de instituciones religiosas. La creación de una OBFDE constituye un retroceso peligroso, abriendo la puerta a la exclusión de minorías religiosas, personas no creyentes y comunidades históricamente vulneradas. Esta medida erosiona los principios de neutralidad institucional y pluralismo, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
El FAAS reafirma su compromiso con la participación pública activa y la generación de propuestas concretas para garantizar el desarrollo integral, calidad de vida y buen vivir de nuestras niñeces y juventudes. Exhortamos a la ciudadanía, a profesionales de la educación y a organizaciones sociales a defender la educación laica y los derechos civiles frente a cualquier intento de instrumentalización religiosa del Estado. Exigimos una educación pública plural, crítica y libre de imposiciones religiosas.
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