04/06/2026
Siempre debe mantener el arma apuntando a una dirección segura.
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28/05/2026
En la foto el Inspector Marcos Martinez Lopez del Negociado de Investigaciones de Licencias de Armas de Fuego de la Policía de Puerto Rico y Víctor González García, de AAA Armory y en representación de la Asociación de Armeros y el Colegio de Instructores de Puerto Rico. https://www.facebook.com/share/17ii2HBnok/?mibextid=wwXIfr
Armeros abogan porque amnistía de armas de fuego facilite traspaso de las heredadas - NotiCel - La verdad como es - Noticias de Puerto Rico - NOTICEL La Policía y el Departamento de Justicia (DJ) apoyaron el Proyecto de la Cámara 1260 y la Resolución Conjunta de la Cámara 353, que pretenden...
Policía respalda aprobación de amnistía para la entrega voluntaria de armas ilegalesLeysa Caro González
El Nuevo Dia25040893
La Policía respaldó este miércoles una legislación para retirar armas ilegales de las calles, al considerar que provee herramientas adicionales para fortalecer la seguridad pública y optimizar el cumplimiento de la ley y los recursos gubernamentales.
La propuesta, agregó la Uniformada, representa una alternativa “razonable y beneficiosa” para que los ciudadanos en posesión de algún arma ilegal regularicen su situación sin la necesidad de recurrir a procesos judiciales o administrativos más extensos o costosos.
“Esto contribuye a reducir la carga operacional sobre las agencias de gobierno y los componentes de seguridad pública permitiendo enfocar mayores recursos en asuntos de mayor complejidad y riesgo para la ciudadanía”, dijo el inspector Marcos Martínez López, durante una vista pública de la Comisión de Seguridad, en la que se discutió el Proyecto de la Cámara (PC) 1260.
La pieza bajo análisis busca enmendar el Artículo 7.22 de la “Ley de Armas de 2020”, con el fin de declarar una amnistía general de hasta 90 días. Bajo este marco legal, cualquier ciudadano podría entregar voluntariamente a la Policía armamento ilegalmente adquirido, encontrado o de procedencia desconocida, con la garantía de que no sería acusado ni procesado por la tenencia ilícita del material.
“Las iniciativas de amnistía de armas, históricamente, han constituido herramientas importantes de política pública para promover la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones que permanecen fuera del marco legal o regulatorio”, agregó Martínez López.
Aun así, la Policía propuso enmiendas dirigidas a procurar el análisis y divulgación de estadísticas relacionadas con las armas y municiones entregadas durante el período de la amnistía. La recopilación puede ser una herramienta para evaluar su impacto y fortalecer futuras estrategias de control y rastreo.
La Asociación de Armeros de Puerto Rico también coincidió con el propósito de la medida, aunque expresó reparos ante la categorización de lo que es un “arma ilegal”. La organización cuestionó, por ejemplo, que se incluyan las armas que pertenecieron a ciudadanos que, en su momento, contaron con una licencia de portación vigente.
“Un arma ilegal en el estricto sentido debiera ser aquella que nunca fue registrada en los archivos del Registro de Armas de la Policía o aquella que fue registrada, pero fue reportada hurtada por su poseedor legítimo. No se convierten ilegales por el mero hecho de que el titular de las mismas hubiese fallecido o porque, por razón alguna, la dejó en custodia de una persona con licencia de armas y luego no la buscó”, expresó el presidente de la Asociación, Víctor González García.
Solicitó, igualmente, que se incluya lenguaje que permita a las personas que heredaron armas de familiares fallecidos proceder con la inscripción en su licencia.
El proyecto de ley especifica que el gobierno de Puerto Rico no podrá abrir ningún tipo de investigación ni expediente, ni radicar cargos criminales por la posesión o tenencia ilegal de un arma de fuego entregada a la Policía por las personas que se acojan a la amnistía y voluntariamente entreguen el material.
No obstante, el Instituto de Ciencias Forenses llevaría a cabo una investigación sobre la procedencia de las armas entregadas, a los efectos de establecer si están vinculadas con algún evento delictivo.
Asimismo, la propuesta dispone que sería la Policía, en colaboración con otras entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, la que establezca los centros de acopio autorizados a recibir armas de fuego y municiones.
Sobre este último punto, el representante Ramón Torres Cruz, del Partido Popular Democrático, expresó preocupación por el mecanismo que se utilizaría para la entrega de las armas. La última amnistía de este tipo fue en el 2012.
“Me preocupa que habilitemos cuarteles de bomberos, oficinas de manejo de emergencias… porque son lugares donde no hay seguridad y tendríamos allí un cajón lleno de armas con un personal que no está adiestrado”, expuso Torres Cruz.
En iniciativas similares previas, dijo Martínez López, se ha asignado personal de la Policía a los lugares que se han identificado como centros de acopio.
25/05/2026
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𝐄𝐍𝐅𝐄𝐑𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐀𝐁𝐒𝐔𝐄𝐋𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀 𝐀 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈́𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐔𝐏𝐄𝐑𝐀𝐑 𝐒𝐔𝐒 𝐀𝐑𝐌𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐒𝐂𝐀𝐃𝐀𝐒
El profesional de enfermería que resultó absuelto en un caso de homicidio de su vecino presentó una demanda federal contra la Policía de Puerto Rico para recuperar sus armas de fuego, las cuales permanecen retenidas pese a que no enfrenta cargos ni investigaciones activas.
Eduardo Meléndez Velázquez argumenta que se está violando su derecho constitucional a poseer armas y a no sufrir incautaciones irrazonables. Según la demanda, él no tiene órdenes de protección, ni antecedentes por violencia doméstica, acecho o maltrato que justifiquen mantenerlo desarmado, ni ha sido considerado una amenaza actual para la seguridad de terceros.
El letrado Osvaldo Sandoval Báez, de Legítima Defensa PR, presentó la petición el 18 de mayo ante el tribunal federal. El juez Pedro Delgado Hernández remitió el caso al magistrado Héctor Ramos Vega y dio plazo hasta el 12 de junio para que la Policía responda a la reclamación.
Durante el juicio, se supo que las autoridades ocuparon nueve armas de fuego —tanto cortas como largas— junto con accesorios relacionados, que el enfermero guardaba en una caja fuerte. Estas fueron incautadas en julio de 2025, en el marco de la investigación por la muerte a tiros del biólogo Roberto Antonio Viqueira Ríos.
Meléndez Velázquez ya había presentado una reclamación formal por escrito el 28 de abril solicitando la devolución de sus pertenencias, sin recibir respuesta ni un plazo definido por parte de las autoridades.
La acción legal destaca que el tribunal estatal determinó que actuó en legítima defensa y que existía duda razonable sobre su culpabilidad. A pesar de ello, la Policía seguiría considerándolo una persona violenta, aunque sus acciones fueron validadas judicialmente como defensa de su propia vida.
Este caso pone en evidencia las tensiones que surgen cuando, tras una absolución por legítima defensa, las autoridades mantienen retenidos bienes personales sin una justificación legal clara, lo que podría sentar precedente sobre los derechos de ciudadanos absueltos en incidentes de este tipo en Puerto Rico.
🤔Tras conocer los detalles del caso, 👉¿usted cree que la Policía debe devolverle las armas al enfermero absuelto?
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